La Reforma Rural Integral: oportunidades y desafíos

El libro La Reforma Rural Integral: oportunidades y desafíos ofrece a los lectores un conjunto de escritos en los que se analiza la importancia de la implementación de la Reforma Rural acordada en La Habana como un instrumento necesario para la consolidación de la paz y la reconciliación nacional de los colombianos.

La Reforma Rural Integral constituye una oportunidad histórica en nuestro país para cimentar las bases de una paz duradera y estable, al tratarse de un país con gran potencial agrícola, lo que propiciaría el desarrollo de los territorios. En efecto, las medidas implementadas en el primer punto del acuerdo de La Habana permitirán avanzar como sociedad al fortalecerse la presencia del Estado en las regiones más afectadas por el conflicto armado y beneficiar a la población rural, con el propósito de mejorar las condiciones de vida de nuestro campesinado, comunidades afrocolombianas e indígenas, teniendo en cuenta  la diversidad cultural de la nación y las particularidades de los diferentes territorios.

En efecto, la disputa por la tierra ha sido una de las causas estructurales del prolongado conflicto armado interno, es por ello que solventar los problemas agrarios contribuirá a reversar las graves afectaciones a los derechos humanos que padeció la población vulnerable.

La cuestión de la tierra es primordial para superar la inequidad y desigualdad social, promover el desarrollo de las regiones y mejorar la oferta institucional al campesinado para la consecución de una mejora en la calidad de vida de la población rural.

La Reforma Rural Integral estructuró las bases para la formalización masiva de la propiedad de nuestros campesinos; ello les permitirá tener seguridad jurídica sobre la tenencia de la tierra, acceder a proyectos productivos e impulsar la economía campesina.

También se resalta el Catastro Multipropósito, el cual se erige como una herramienta útil para la planificación del territorio, lo que permitirá una gestión catastral eficiente al contar con información actualizada sobre las “características físicas, jurídicas y económicas de los bienes inmuebles” (Decreto 148 de 2020).